Por primera vez en décadas, este fin de semana no hubo noticias el sábado ni el domingo en la Televisión Pública. Se trata de un nuevo capítulo del vaciamiento de los medios públicos que lleva adelante la gestión de Hernán Lombardi. No conforme con ello, el ministro dispuso que la Televisión Pública sea el único canal nacional que no esté presente en Chile para cubrir la histórica visita del papa Francisco.
Por lo pronto, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos continuó su recorrido por medios amigos para repetir las mismas y muy estudiadas mentiras con las que busca responsabilizar a los trabajadores del desastre de su gestión, orientada a vaciarla de contenidos y recursos humanos, mientras nos habla alegremente de la BBC y otras televisiones estatales, alcanzando nuevos niveles de cinismo y chapucería política. “Estamos orgullosos de nuestros noticieros”, dijo en diálogo con Eduardo Van der Kooy por TN, sin mencionar que ordenó levantar todos los noticieros de los fines de semana, y que las horas aire del servicio de noticias pasaron en el último mes de 30 a 19. Habló de “diálogo”, pero a los gremios de la TV Pública sólo se los convocó anunciar que no habrá aumentos salariales en 2018 y que “ofrece” una “paritaria cero”. Lombardi quiere tomarnos por tontos al hablar de aumentos: no pedimos aumentos, se trata de recomposiciones salariales frente a una inflación que fue del 24,8% en 2017, motivo por el cual otras empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas, acordaron un incremento del 17%, equivalente a un 20% de bolsillo, más una cláusula gatillo.
Pero como el ministro insiste en cada aparición pública en hablar de plata, para demonizar a los trabajadores de la TV Pública y sus salarios, nosotros también queremos hablar de números y de fondos. Por ejemplo, Lombardi repitió, en el diálogo con Van der Kooy, su engaño deliberado a la opinión pública, al afirmar que es imprescindible ingresar a una “época de austeridad”, porque la Televisión Pública se sostiene con fondos del Presupuesto Nacional, ocultando que según la ley 26.522, al menos el 70 por ciento del presupuesto del canal proviene de un gravamen a las empresas de comunicación audiovisual (privadas), fondos que van a parar a una cuenta del Banco Nación, que pone (o debería poner) automáticamente el 20 % de ese dinero a disposición de la TV Pública, y que en 2017 lo recaudado fueron aproximadamente 5 mil millones de pesos. Lombardi se niega también a informar a los ciudadanos en qué utilizó esa importante recaudación, que alcanzaría para mantener tres presupuestos como los de RTA, a lo que hay que sumar lo que la Televisión Pública percibe en concepto de publicidad.
Tampoco explicó cómo encaja en su concepto de austeridad el cargo que le asignó en la TV Pública, sin el concurso que marca la ley, a María Carla Piccolomini, la mujer de su compañero de gabinete, el ministro de Modernización Andrés Ibarra, con un sueldo bruto superior a los 190 mil pesos mensuales, que cobró hasta hace un mes, y durante dos años.
Lombardi y la Jefatura de Gabinete también celebraron en estos días que los integrantes del directorio de RTA pasarán a trabajar ad honorem, a partir del decreto 10152/2017. Pero se trata apenas de "jueguito para la tribuna": todos esos directivos percibieron su sueldo de diciembre, y lo que es más significativo, aun continúan de “alta” en el sistema a través del cual cobran. Algunos incluso quizás no dejen de hacerlo. Uno de los integrantes de ese directorio, el vicepresidente de RTA, Emilio Laferriere, muy preocupado vía Twitter en presentar los sueldos en blanco y negociados por convenio de los trabajadores como el problema que agobiaría al canal, se olvidó de contarle a la opinión pública que durante los dos últimos años cobró, con el aval de Lombardi, un muy austero sueldo de 170 mil pesos por mes, como cada uno de sus cinco compañeros de directorio.
Como Lombardi se niega a responder estas y otras preguntas que los trabajadores de la TV Pública hicimos en nuestros anteriores comunicados públicos, queremos informar que el plan de austeridad del ministro incluye un jugoso contrato con la consultora multinacional Mercer Argentina para motorizar un plan de despidos encubiertos disfrazados de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, pagándole a esa empresa sólo por el análisis de 60 casos de jubilaciones $ 1.400.000, más el monto que cobrará por las "consultas" vinculadas a la Agencia Télam.
Funcionarios que se asignan fortunas como remuneración, disponen de contratos millonarios sin control y se niegan a rendir cuentas de los números de su gestión y de sus decisiones de liquidar los medios públicos, pretenden hacerle creer a la ciudadanía que el problema son los trabajadores y sus salarios, al mismo tiempo que carecen de plan y proyecto profesional para la Televisión Pública, y quieren forzar su desaparición de facto, dejándola agonizar, sin contenidos, recursos presupuestarios ni humanos. No se lo permitiremos.
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