TRISTE, SOLITARIO Y FINAL:

UNA GESTIÓN PREPOTENTE Y SIN DIÁLOGO QUE SERÁ RECORDADA COMO LA PEOR DE LA HISTORIA

Los encargados de ejecutar la política de Hernán Lombardi en la TV Pública y Radio Nacional, Emilio Lafferriere (presidente de RTA), Cristian Larsen (auditor interno), Marisa Piñeiro (directora de recursos humanos) y Néstor Sclauzero (gerente de noticias), terminan su mandato siendo coherentes con la política que implementaron estos años: violando las leyes, sin diálogo, con decisiones arbitrarias, incumpliendo compromisos pero garantizando la permanencia en la planta del canal a las personas cercanas que ingresaron bajo su gestión y que pasarán a formar parte, como lo definió el propio Lombardi a modo de chicana, de las "capas geológicas del Estado". Los funcionarios mencionados, que cobran cientos de miles de pesos mensuales, aun no renuncian a sus cargos políticos pero, contradictoriamente, se excusan en el fin de su mandato para no resolver problemas que ellos mismos generaron con un claro objetivo: trasladarle conflictos a la gestión entrante que ya de por sí tendrá la ardua tarea de reconstruir una empresa vaciada.

Por un lado, se ocuparon de dejar con contratos eventuales a las personas cercanas que ingresaron como secretarios/as, o en la conducción de programas y noticieros durante estos años, a quienes acomodaron en programas o funciones que no les corresponden. Además, premiaron con categorizaciones a quienes colaboraron con sus políticas antisindicales, y lo hicieron aprovechando un contexto en el que se concretaban otras recategorizaciones postergadas, con la intención de que las premiaciones pasen desapercibidas. En contraste, decenas de trabajadores de Radio Nacional de todo el país aun no tienen asegurada su continuidad laboral luego del 31 de diciembre. 

La misma gestión que incumplió su palabra con nuestro sindicato cuando se comprometió a levantar la censura y proscripción de los periodistas del noticiero de la web del canal (en una clara política de persecución ideológica y sindical que aun persiste y que viola el Estatuto del Periodista), ahora incumple compromisos asumidos a último momento, niega el pago de horas trabajadas a decenas de compañeros y pretende imponernos un acuerdo salarial sin siquiera tener una instancia de diálogo. Néstor Sclauzero, el gerente de noticias que censuró los noticieros los fines de semana en la Televisión Pública bajo pretextos prespuestarios y dedicó la mayor parte de su tiempo de gestión a hacer lobby y contactos para la organizacion privada que preside, FOPEA, fue quien decidió realizar contratos de cientos de miles de pesos para pagar a "asesores" que no tuvieron otra función que la de comisarios políticos, y que en la actualidad siguen percibiendo esos salarios aunque ya no desempeñen ninguna función. Los supuestos problemas presupuestarios tampoco existieron para alquilar pantallas escenográficas para los noticieros que, de tan onerosas, podrían haberse comprado dos veces y formar parte hoy del patrimonio público en lugar de favorecer a proveedores amigos con alquileres que aún todavía se siguen pagando .

Los trabajadores de la TV Pública sufrimos la paritaria cero en 2018 y la rebaja salarial por violación de artículos de convenio que produjeron un litigio legal que el Estado deberá afrontar como resultado del mal desempeño de estos funcionarios. Si bien durante 2019 recompusimos parcialmente nuestro poder adquisitivo, tenemos derecho a una paritaria libre y la empresa tiene la obligación de sentarse con nuestros representantes en lugar de imponer condiciones de manera unilateral. En el caso de Radio Nacional, no han existido aumentos que recompongan la paritaria cero, y por eso hemos exigido un bono que compense esa depreciación salarial.

Conscientes de la etapa que se abre con la nueva gestión, en donde los trabajadores con nuestros sindicatos colaboraremos en la tarea de reconstruir los medios públicos y recuperar nuestros derechos, no caeremos en provocaciones de funcionarios salientes que pretenden atornillarse en sus puestos jerárquicos para seguir haciendo desastres desde la función pública. Es por eso que, lejos de realizar medidas que afecten la programación, decidimos denunciar públicamente las políticas que los funcionarios de Hernán Lombardi llevan adelante para que toda la sociedad conozca esta situación. 

Respuesta a solicitada de artistas e intelectuales en favor de Macri- Pichetto

Los medios públicos bajo el macrismo: 

ajuste, censura y vaciamiento

Los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos Radio Nacional, TV Pública, Telam, Canal Encuentro, PakaPaka, DeporTV y TDA queremos expresar públicamente que no compartimos las opiniones planteadas en una solicitada proselitista firmada ayer viernes 26 de julio por artistas e intelectuales en favor de la fórmula Macri- Pichetto. Sobre los medios públicos, allí se sostiene que “El gobierno de Mauricio Macri respetó la división de poderes y se abstuvo de utilizar las herramientas del Estado para fines partidarios. Un ejemplo de ello fue la gestión de los medios públicos, antes usina de propaganda oficial, ahora al servicio de todos los argentinos. De las cadenas nacionales y programas que denigraban opositores, pasamos a una relación respetuosa del pluralismo y de la privacidad de los ciudadanos. Este gobierno puso, en ese sentido, las cosas en su lugar”.  

A diferencia de lo que allí se afirma, los medios públicos fueron vaciados y desguazados durante los últimos años a tal punto que no pueden cumplir ninguna de sus obligaciones: informar de manera plural, fidedigna, federal y gratuita a toda la población de nuestro país, entretener y promover la cultura. 

Por mencionar solo algunos casos particulares en donde la gestión que encabeza Hernán Lombardi actuó de manera opuesta a lo expresado en la solicitada, en la TV Pública se utilizó de manera propagandística la transmisión de la Copa América, violando la veda electoral en el partido entre Argentina y Chile e interrumpiendo la apertura del parido entre Argentina y Brasil para dar información oficialista. Existen casos concretos de censura y de persecución, como las sanciones a periodistas de la TV Pública por informar o el acoso y hostigamiento en vivo del director de Radio Nacional Córdoba Orestes Lucero a la conductora Fabiana Bringas luego de una entrevista a la madre de Jones Huala. En el caso de la agencia Telam, que sufrió el cierre de corresponsalías enteras y 357 despidos persecutorios que la justicia decretó ilegales, el gobierno ejerció una feroz presión política sobre los jueces que fallaron a favor de los trabajadores.

Todo esto se suma a la paritaria cero, la confiscación de nuestros salarios, los retiros voluntarios forzados, la caída de la programación local de Radio Nacional en distintas emisoras del país que se ven obligadas a retransmitir Radio Nacional Buenos Aires, el cierre de la multiplataforma de generación de contenidos en TDA, la reducción de producciones en un 75% en Canal Encuentro, PakaPaka y DeporTV, entre otras políticas que tuvieron un único fin: reducir los medios públicos a su mínima expresión en beneficio de los medios privados. 

Todo esto se llevó adelante sin diálogo con los trabajadores, demonizando a los sindicatos e imponiendo a fuerza de medidas ilegales políticas que hemos rechazado en reiteradas oportunidades.

Queremos medios públicos al servicio de toda la sociedad y la democracia, donde los derechos laborales sean respetados y donde podamos ofrecer al público un producto de calidad, con información plural y federal, programas culturales y de entretenimiento.

Sin trabajadores no hay medios públicos. Sin medios públicos no hay democracia

TVP: La Secretaría de Trabajo contra el convenio de prensa

Una resolución ilegal y tardía a pedido de Lombardi

En fecha reciente, ante un pedido de la propia empresa, el Secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, dictó una resolución señalando que el CCT nº 222/97 “E” no tiene actualmente vigencia. Se trata de formalizar lo que Hernán Lombardi ya aplica en los hechos desde enero de 2018 y contra lo que los trabajadores venimos reclamando a través de acciones legales, gremiales y políticas.

Más allá de lo inusual de que luego de más de 21 años se solicite una declaración de “no vigencia”, respecto de un acuerdo que la empresa ha venido cumpliendo de manera pacífica y sostenida hasta enero de 2018 (inclusive durante dos años con la actual administración), lo cierto es que dicha declaración no tiene ninguna eficacia ni efecto respecto de los derechos de los trabajadores de prensa de RTA-Canal 7.

Como bien lo expresa la resolución de la Secretaría de Trabajo, rige y está vigente el CCT 124/75, con lo cual aquellos derechos que la empresa viola, como el pago del art. 71 de dicha norma convencional, se encuentran al amparo de tal convenio colectivo y ello implica un reconocimiento del incumplimiento. Otros de los reclamos, como las diferencias salariales conforme la extensión de jornada están previstos en un acuerdo del año 2003 y, a la vez, conforme la práctica reiterada en su reconocimiento, ha quedado incorporado dicho derecho al contrato de cada uno de los trabajadores que lo han venido percibiendo ininterrumpidamente hasta el mes de enero de 2018. En consecuencia, ningún efecto tiene lo que se ha señalado, tardíamente, por parte de la Secretaría de Trabajo.

Mientras el ministerio de trabajo nunca acusó recibo de las reiteradas denuncias que el Sindicato de Prensa de Bs. As. realizó desde julio de 2018 hasta la fecha por conflictos colectivos en la TV Pública (por compañeros contratados de manera irregular, incumplimientos en los pagos y de acuerdos paritarios, rebajas salariales, ingresos irregulares por fuera de la ley de servicios de comunicación audiovisual, entre otros), dicta una resolución contra los periodistas del canal a pedido de la gestión que encabezan Hernán Lombardi, Emilio Lafferriere y Néstor Sclauzero.

Con esta resolución a medida, Lombardi pretende obtener impunidad judicial a posteriori para las decisiones ilegales y confiscatorias que viene tomando con la expresa intención de debilitar el justo reclamo de los trabajadores y poder así vaciar sin interferencias los medios públicos a su cargo, favoreciendo negocios privados de amigos y productoras afines. Pero su política arbitraria y persecutoria ya obtuvo varios reveses en la justicia: fueron reincorporados los trabajadores de Telam tras cuatro meses de paro y permanencia, fue restituido el salario rebajado de nuestro Secretario Adjunto Carlos Saglul, delegado de Radio Nacional, y fue reintegrada a su puesto de tabajo la delegada de APJ en la TV Pública, Cecilia Bachetta. En el mismo sentido presurosamente presentaron la resolución del Secretario de Trabajo que mencionamos en uno de los expedientes en que se reclaman las diferencias salariales y el Jugado de Trabajo actuante, nro. 20, rechazó su planteó por improcedente..

Los trabajadores continuaremos defendiendo nuestros derechos por todos los medios a nuestro alcance, porque es la única manera de defender el carácter público de los medios que Lombardi ataca y es, en definitiva, la forma de defender la información pública como un derecho de toda la ciudadanía.

TV PÚBLICA: CRECE LA CENSURA EN AÑO ELECTORAL

En pleno año electoral y a siete meses de los comicios generales, se profundiza la presión sobre los periodistas y trabajadores de prensa en el noticiero de la TV Pública.

Por primera vez en la historia del canal estatal, ningún periodista del staff propio conducirá un noticiero. Todos los profesionales de trayectoria, con demostrada capacidad profesional,  independientes de toda gestión y gobierno, fueron marginados por orden del gerente del área, Néstor Sclauzero, quien además es presidente de FOPEA, y de Hernán Lombardi, Secretario de Medios Públicos.

La declamada y practicada política de ajuste, resulta totalmente contradictoria con la política de contrataciones de conductores externos, puestos a dedo para que oficien de comisarios políticos y editorialicen los informativos. La contratación sin concurso público de columnistas en áreas donde ya hay empleados del canal reconocidos por su trabajo en todo el medio, es además una violación de las leyes vigentes que rigen el ingreso de personal en la TV Pública, al ser una categoría de convenio.

Como parte de la misma política, en el área web, desde hace un año las noticias son desarrolladas por personal ajeno al servicio informativo. Los periodistas del noticiero fuimos proscriptos por indicación de Nerina Sturgeon. Pero esta semana, la web de la TV Pública y sus cuentas en las redes sociales dejaron de reproducir los informes y noticias que salen al aire por la señal de la Televisión para "cuidar" los contenidos y que no se filtren noticias incómodas para el gobierno.

La gerencia de noticias y las autoridades del canal preferirían un noticiero que no hable de los conflictos sociales y sindicales que día a día se desarrollan en nuestro país como consecuencia de la crisis económica, en donde no se informe sobre la devaluación del dólar que alcanzó los $45 esta semana, de las causas que involucran al fiscal Stornelli que se declaró en rebeldía, o del índice de pobreza que superó el 30%. Así funciona la web de la TV Pública que dirige Sturgeon.

Pero no puede taparse el sol con un dedo, mucho menos con noticieros que no informen, con presiones, proscripción y censura a periodistas.

Declaramos que estamos en estado de asamblea permanente y movilización, y que pasamos a un cuarto intermedio hasta el día lunes, cuando se lanzarán los noticieros con la nueva formulación. De no haber una reflexión por parte de las autoridades que rectifique estas políticas persecutorias y violatorias de la ley, nos veremos obligados a realizar asambleas sorpresivas que afectarán la programación.  

Basta de censura en la TV Pública. Queremos informar. 

FRENTE A LA SITUACIÓN DE VENEZUELA

EXIGIMOS UNA COBERTURA PLURAL 
EN LA TV PÚBLICA

Los trabajadores y trabajadoras de prensa de la TV Pública expresamos públicamente nuestra defensa de la pluralidad informativa que la gestión de nuestra empresa, la gerencia y la subgerencia de noticias, a cargo de Néstor Sclauzero y Jorge Goldenberg pregonan pero que no cumplen.

Un ejemplo de esto es la situación en Venezuela. Como sucede con diferentes noticias de interés nacional e internacional, no tenemos una cobertura propia en el lugar, debido al vaciamiento que venimos denunciando. Pero además, en este caso particular, la línea editorial ordenada por la gerencia y subgerencia de noticias es abiertamente sesgada y tendenciosa.

El miércoles 23 de enero, durante las movilizaciones oficialistas y opositoras en nuestro país, el único móvil en vivo salió desde la movilización opositora al gobierno de Venezuela que encabeza Nicolás Maduro. Por su parte, los analistas invitados al piso, entrevistados en vivo, son todos abiertamente opositores. El noticiero central del 23 de enero entrevistó a Fernando Petrella, ex canciller de Menem, que sostuvo que “estar en contra de Maduro es estar a favor de la democracia”. El 24 de enero en el noticiero de la mañana fue invitado Andrei Serbin Pont, director del CREI (Coordinación Regional de Inversiones), quién afirmó que “por fin hay coincidencias entre los esfuerzos internos y externos”, en alusión a la intervención de Estados Unidos en los asuntos de Venezuela. Al mediodía, fue entrevistada la presidenta de la “Fundación NPS Global”, Irma Arguello, invitada en otras oportunidades en este contexto, que caracterizó a Maduro como un “dictador”. Recién en el noticiero del viernes al mediodía fue entrevistada María Paula Bertino, Dra. en Ciencias Políticas, que analizó la situación sin desarrollar una postura partisana respecto a la situación interna de Venezuela. Nunca fue invitado un funcionario de la embajada venezolana en Argentina o algún referente de los sectores sociales y políticos afines a su gobierno. 

Hernán Lombardi asumió su cargo con un discurso que sostiene hasta hoy, con eje en contra de la utilización de los medios públicos como herramienta de propaganda gubernamental. En este tema, esa postura no se refleja en su gestión. Frente a esta situación, los trabajadores y trabajadoras de la TV Pública nos vemos en la obligación de expresar públicamente que no compartimos estas decisiones tendenciosas y que defendemos, como lo hicimos siempre, frente a todas las gestiones y en distintos contextos políticos, la necesidad de exponer todas las voces en las mismas condiciones en la pantalla del canal estatal. Solo así es posible garantizar la democracia informativa y cumplir con el rol y el deber del canal público. 

Buenos Aires, 25 de enero de 2018

Comisión Interna - Junta de Asuntos Profesionales

SiPreBA

DE LA PRIVATIZACIÓN MENEMISTA AL VACIAMIENTO DE LOMBARDI

EL DECRETO DE LOS INOCENTES: DE LA PRIVATIZACIÓN MENEMISTA AL VACIAMIENTO DE LOMBARDI 

El 28 de diciembre de 1995, en medio de las fiestas navideñas, el presidente Carlos Menem firmó el decreto 1022/95 para la privatización y venta de la frecuencia 7, la más potente de la TV Argentina, la única que garantizaba (y que en la actualidad sigue garantizando) el acceso gratuito a la TV para todos los argentinos. El plan menemista preveía su reemplazo por la frecuencia 4, de menor llegada y disputada entre Argentina y Uruguay. Ya habían sido privatizados el resto de canales en los albores de ese gobierno. Una de las primeras leyes del menemismo, la llamada "ley Dromi" de reforma del estado, fue nefasta por su rol privatizador pero paradójicamente exceptuó al canal estatal de ese proceso. Pero vender la frecuencia era prácticamente lo mismo y abría la puerta para que luego se ponga en venta el inmueble -un edificio construido íntegramente para producir contenidos de TV pero con el que todas las gestiones pretenden hacer negocios inmobiliarios- y que poco a poco el Estado deje de contar con la posibilidad de un medio de comunicación audiovisual que garantice el derecho a la información para toda la población. 

El objetivo privatizador menemista fue acompañado de una política cotidiana de desgaste hacia los trabajadores y trabajadoras del canal mediante incumplimiento de convenios, atraso en el pago de salarios e incluso despidos, que en el caso del noticiero motivaron un paro total y una pequeña toma en marzo de 1996, con la que en un día se lograron las reincorporaciones, antesala de la lucha del año 2000. La pelea de los trabajadores del canal incluyó paros, movilización e incluso una presentación a partir de la cual cada trabajador puso su casa a modo de caución para sostener le medida cautelar presentada por el abogado del gremio de prensa Carlos Negri. Esa presentación dio lugar a una medida de no innovar por parte del poder judicial que impidió la privatización de la frecuencia 7 y, en definitiva, del canal. Radio Nacional y la agencia Télam también sufrieron políticas similares durante el menemismo y luego con la Alianza que encabezó De La Rúa y de la que Hernán Lombardi fue funcionario. Esa vez, en el canal los despidos fueron 28 y la toma de las instalaciones se extendió por 17 días.

No es distinta a la situación de desgaste cotidiano que sufrimos en la actualidad los trabajadores y trabajadoras del canal estatal por parte de la gestión que encabezan Hernán Lombardi, Emilio Lafferriere y Marisa Piñeiro. Tampoco en los otros medios públicos: Télam, Radio Nacional y las señales digitales que tanto esfuerzo costó poner en pie. La pantalla es privatizada poco a poco, la mayoría de los contenidos son enlatados o producidos por productoras privadas, cuyos dueños tienen buena relación con los funcionarios de turno (https://www.pagina12.com.ar/160905-una-gestion-mediatica-a-tono-con-el-pais). Además, cayeron drásticamente las audiencias, sentando las bases para que los trolls del propio gobierno siembren y propagandicen la duda sobre la utilidad de sostener una TV Pública, y son avasallados de manera ilegal los derechos laborales de sus trabajadores, a quienes nos rebajaron el salario en un 50% empujándonos a que tomemos retiros que poco tienen de voluntarios, y jubilaciones anticipadas que rechazamos de manera contundente. En pocas palabras, pretenden que el canal deje de funcionar. 

Contra eso estamos peleando, en un contexto de fuerte concentración mediática y achicamiento de voces, donde los medios públicos siguen siendo los únicos garantes de informar y acercar contenidos artísticos a toda la población de manera totalmente gratuita, ya que, al contrario de lo que se cree, no sucede por ejemplo con internet, al no existir banda ancha gratis en nuestro país.

Nuestra lucha no empezó hace tres años. Tiene mas de tres décadas de historia y esa trayectoria colectiva y coherencia nos da autoridad para seguir defendiendo hoy los mismos principios y el mismo valor: una TV Pública y medios públicos al servicio del conjunto de la sociedad y no de funcionarios de turno que utilizan sus cargos en la función pública para fines privados. 

Seguiremos en la misma línea, con las mismas convicciones y la misma pelea. 

Trabajadores de la TV Pública- Diciembre de 2018

ARGENTINIAN PUBLIC TELEVISION WILL BE ABSENT ON G20 SUMMIT COVERAGE

ARGENTINIAN PUBLIC TELEVISION WILL BE ABSENT ON G20 SUMMIT COVERAGE

The labor policies of Hernán Lombardi, the man in charge of Argentina’s public media, have deepened the information blockade in our country: by his orders, we are not alowed to inform on the 2018 Buenos Aires G20 summit that takes place a few miles away from our building. The public TV station will instead broadcast the material produced by privately owned media. Not a single journalist in our news service will be working this weekend.

IT’S NOT ‘AUSTERITY’, BUT CENSORSHIP

Today, programming in the public broadcasting system of Argentina it’s outsourced to privately owned production companies, with the exception of it’s news service, whose production was cut by 50%. Workers were victims of brutal salary reduction, the working force was reduced by 20% and no salary negotiations have taken place for the past two years, in wich inflation has gone up by 65%. Futhermore, coverage capacity has been undermined by elimination of paid overtime work.

This is not new: this year, for the first time in history, Argentina’s TV Pública did not cover the Pope’s visit to neighboring countrys such as Chile and Perú. We could not inform on the finding of the ARA San Juan submarine from Mar del Plata, or on the incidents that brought posponement of the Boca-River match last weekend.

Journalists of the TV Pública news service were banned from working on the TV station web site as retaliation of our union activism against the persecution and violation of labor laws by the TV Pública authorities.

There is a sistematic plan to lay waste of  state-controlled media in Argentina and leave information and news exclusively to corporate mass media. The perpetrators are the public officials in charge: Hernán Lombardi, Miguel Pereira and Néstor Sclauzero.

That’s what  journalists and workers in TV Pública are fighting against, with our Union, the Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), for the last eleven months, along with workers of state news agency Telam, and of Radio Nacional.

La TV Pública ausente en el G- 20

La política laboral y profesional que lleva adelante el Secretario de Medios Públicos Hernán Lombardi día a día se profundiza con nuevas situaciones de vaciamiento informativo: en este G 20 no podremos transmitir ninguna actividad en vivo, sino que tomaremos la señal de emisoras privadas. El sábado y domingo no podremos realizar ningún tipo de cobertura.

Un ajuste que es censura

La programación del canal estatal hoy está entregada a productoras privadas a excepción de los informativos que se redujeron en un 50%. Los trabajadores fuimos víctimas de una brutal reducción salarial, la planta se redujo en un 20%, no hay paritarias desde hace dos años con un 65% de inflación reconocida por el gobierno ni horas extras, lo que impide tener capacidad de cobertura.

Esto no es nuevo: durante este año la TV Pública por primera vez no cubrió la visita del Papa Francisco a países hermanos de América Latina como Chile y Perú. No pudimos tener presencia en Mar del Plata durante el hallazgo del submarino ARA San Juan, ni tampoco en los incidentes que generaron la postergación de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca.

A su vez, los periodistas del noticiero fuimos proscriptos de la web del canal sin motivos profesionales, como represalia al conflicto gremial que encaramos contra sus políticas persecutorias basadas en la violación de leyes laborales vigentes.

El plan sistemático de vaciamiento de la TV Pública, a cargo de Hernán Lombardi, Miguel Pereira y Néstor Sclauzero, tiene como objetivo político la desaparición del canal estatal para que la información solo circule por los medios privados. Por eso estamos reclamando desde hace ya 11 meses, con el respaldo del Sindicato de Prensa de Buenos Aires -SiPreBA- y junto a los compañeros de la agencia de noticias estatal Telam y Radio Nacional.