EL MINISTERIO POLICIAL
DE MEDIOS Y CONTENIDOS PUBLICOS
QUIERE LIQUIDAR LA TV
PÚBLICA
Con un cinismo pocas veces visto, y mientras
proclama entre sonrisas diálogo, pluralismo y amplitud de voces, el Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos lanza sin previo aviso una guerra
contra los periodistas y los trabajadores del único canal de gestión pública
del país. Esto se lleva adelante de la mano de despidos en Radio Nacional, TDA, señales Paka Paka, Encuentro, DeporTV y el Canal de la Ciudad.
La estrategia a cargo de Hernán Lombardi busca presentar a los trabajadores y sus salarios como el problema, al mismo tiempo que vacía sin pudor al canal de sus contenidos, a tal punto que, tras la renuncia del Director Ejecutivo de la Televisión Pública, Horacio Levin, en diciembre de 2017, no hay aún ninguna programación conocida, prevista o en marcha para 2018. Una curiosa forma de gestionar los contenidos de los medios públicos cuando deja a la TV Pública a la deriva, reduce horarios de trabajo que empobrecerán inevitablemente los noticieros, y anuncia la paralización total de Canal 7 durante los fines de semana, con la excusa del “ahorro.” El ahorro y la racionalización que tanto desvelan al Ministerio de Modernización conducido por Andrés Ibarra cuando se trata de salarios de los trabajadores, pero que no cuenta cuando se trata de colocar a su mujer, Carla Piccolomino, en el área de Relaciones Institucionales de Canal 7, con un sueldo superior a los 190 mil pesos mensual. Es una actitud coherente con funcionarios para los cuales la república y lo público solo sirven como insumos retóricos para exhibir mientras desfilan por programas de televisión amigables, pero no para su aplicación práctica en las áreas a su cargo, que llenan alegremente de militantes, parientes y amigos, como es de conocimiento público.
La estrategia a cargo de Hernán Lombardi busca presentar a los trabajadores y sus salarios como el problema, al mismo tiempo que vacía sin pudor al canal de sus contenidos, a tal punto que, tras la renuncia del Director Ejecutivo de la Televisión Pública, Horacio Levin, en diciembre de 2017, no hay aún ninguna programación conocida, prevista o en marcha para 2018. Una curiosa forma de gestionar los contenidos de los medios públicos cuando deja a la TV Pública a la deriva, reduce horarios de trabajo que empobrecerán inevitablemente los noticieros, y anuncia la paralización total de Canal 7 durante los fines de semana, con la excusa del “ahorro.” El ahorro y la racionalización que tanto desvelan al Ministerio de Modernización conducido por Andrés Ibarra cuando se trata de salarios de los trabajadores, pero que no cuenta cuando se trata de colocar a su mujer, Carla Piccolomino, en el área de Relaciones Institucionales de Canal 7, con un sueldo superior a los 190 mil pesos mensual. Es una actitud coherente con funcionarios para los cuales la república y lo público solo sirven como insumos retóricos para exhibir mientras desfilan por programas de televisión amigables, pero no para su aplicación práctica en las áreas a su cargo, que llenan alegremente de militantes, parientes y amigos, como es de conocimiento público.
No es la primera vez que vemos el despliegue de
este doble discurso, mientras se preparan las condiciones para destruir a los
medios públicos. Las técnicas para lograrlo también son muy conocidas: primero,
vaciarlos de contenidos, renunciando a la misión de formar, informar y
entretener, que para muchos argentinos, es la única a su alcance. Luego, demonizar
a los trabajadores y presentarlos como el “problema” a solucionar,
enfrentándolos con el resto de la sociedad mediante fabricaciones y
postverdades, haciéndoles creer que hay sobredimensionamiento, ausentismo
descontrolado, “privilegios”, y generando las condiciones para desensibilizar a
la opinión pública en la aplicación de un ajuste irracional y sin justificación
administrativa ni operativa, al mismo tiempo que presentan a los medios del
Estado como excedentarios y prescindibles. Pero la verdad es que no se trata de
un “problema gremial” sino de sus políticas; no son los trabajadores el problema,
sino que ministros, secretarios y directores, con sus legiones de asesores, no
tienen ningún plan ni proyecto para los medios estatales. Parece estar muy
lejos de los responsables de estos liquidadores de lo público la idea de que,
en todo el mundo, las democracias modernas, como es el caso de Alemania,
Francia, España y el Reino Unido mantienen medios públicos sólidos y creíbles,
con presupuestos acordes a sus respectivas misiones, entre ellas la de garantizar
el acceso a información plural y democrática, como un derecho ciudadano. Los
salarios que el Sistema de Medios se apresura a difundir con tácticas de
delación en las serviciales bocas de expendio que les suministran su periodismo
de guerra, fueron acordados con esta misma gestión, que ya lleva más de dos
años y están en blanco, los horarios que buscan presentar como abusivos están
establecidos en una ley del Congreso Nacional, el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), y el supuesto incremento del 70% en el personal es
una absoluta falsedad en lo que respecta al área de Noticias del canal. También
mienten cuando pretenden instalar que el presupuesto del canal y los salarios
de sus trabajadores salen de impuestos directos a los ciudadanos. Por ley, RTA
se financia mediante un gravamen establecido en la ley 26522 que pagan las
empresas de comunicación audiovisual, proporcional al monto de la facturación
bruta de sus servicios. Gravamen por el cual en todo 2017 se recaudaron más de
5 mil millones de pesos. En todo caso, tanto los trabajadores como el resto de
la ciudadanía, tenemos derecho a saber del Sr. Lombardi y los funcionarios a su
cargo, en qué invirtió esa enorme suma de dinero. Evidentemente, no fue en la
Televisión Pública.
El diálogo que declama Lombardi es muy
democrático: ninguna interlocución, patrulleros y un carro de asalto de la
Policía Federal en la puerta del canal para disciplinar a los “peligrosos”
periodistas, a quienes se empuja a un conflicto que no buscamos ni pretendemos.
Pero no todo es postverdad o redes sociales, y
las caretas se caen cada vez más rápido. La información es un derecho, no una
mercancía, y los medios públicos son la única garantía de que la ciudadanía
pueda acceder a ella.
