LA
TELEVISIÓN PÚBLICA NO ESTÁ EN VENTA
UNA
OPERACIÓN MEDIÁTICA Y UN NEGOCIO INMOBILIARIO
En
los últimos días se ha desatado una alevosa e indisimulada campaña
de alta intensidad en los principales medios concentrados para
instalar la idea de que se vive en la Televisión Pública un estado
de descontrol y derroche de fondos públicos para justificar su
eventual traslado a Tecnópolis, dejando al único canal del Estado
argentino, y el único con alcance en todo el territorio nacional por
aire y en forma gratuita, en una eventual situación de desguace y
pérdida irreversible de sus capacidades técnicas y profesionales,
lo que implicaría un grave retroceso para el conjunto de la sociedad
en materia de democracia informativa y cultural.
Esta
campaña cuenta, aparentemente con el aval de sectores del gobierno,
y se inició con la escandalosa difusión de una noticia inventada,
en un artículo publicado el martes 23 de agosto en la edición
online del diario Perfil, firmado por Gustavo González. No se trata
de un redactor más del grupo de medios propiedad de Jorge
Fontevecchia, sino del ex director de la revista Noticias y actual
director periodístico de Editorial Perfil, mano derecha de su dueño.
La endeble y balbuceante redacción del artículo, su imprecisión y
carácter ficcional, que ni siquiera se tolerarían en un estudiante
de periodismo, indican a las claras que González no llegó al lugar
que ocupa precisamente por sus capacidades de escritura o
investigación periodística, sino por la evidente disponibilidad
servil para hacer lo que le ordenen. La operación se completó
cuando la “noticia” del supuesto “okupa” fue reproducida en
reiteradas oportunidades por los noticieros centrales de Canal 13 y
América TV, TN y el diario Clarín, entre otros medios.
En
el artículo de Perfil.com se sostiene que los camarines del área
del Noticiero se destinaban a “estadías más o menos prolongadas y
a guardar trastos viejos”, que el gerente de Noticias, Néstor
Sclauzero, se encontró en uno de estos camarines con “un
inquilino” que “vivía desde hace meses en el lugar”, un
empleado del canal instalado de forma permanente allí, y se busca
hacer creer a la opinión pública que existe en el canal, como
asegura la nota con pretendida y fracasada ironía, una “tradición
de dar servicio de vivienda a algunos empleados.” Estas
afirmaciones mentirosas e intencionadas se completan con la
caracterización de las condiciones laborales de los trabajadores de
la Televisión Pública como privilegiadas, cuando en realidad se
ajustan estrictamente a los convenios laborales existentes y a
actualizaciones por paritarias, acordes con el resto de la industria
televisiva. Dada la gravedad de la operación, y siendo el propio
gerente de Noticias de la TV Pública a quien Perfil.com presenta
como fuente, solicitamos que él mismo explique la situación real
públicamente.
Las
intenciones del sirviente de Fontevecchia, como parte de esta campaña
para demonizar a la Televisión Pública y a sus periodistas y
técnicos, están a la vista: preparar el terreno para la destrucción
del canal del Estado, la precarización laboral y el eventual despido
de sus trabajadores, a la par que habilitar un negocio inmobiliario
de carácter multimillonario, que ya se anuncia desembozadamente
presentando el cálculo del valor de los “terrenos” en una de las
zonas más codiciadas de Buenos Aires y anunciando la expectativa de
“desarrolladores”, ansiosos por echar mano de esta “oportunidad”
que está siendo creada a su medida, y a la vista de todos,
impulsando el remate y liquidación de un patrimonio tangible e
intangible de toda la sociedad.
No
es casualidad que la operación se haya concretado unas pocas horas
antes de que sectores del gobierno comiencen a anunciar un posible
traslado del canal público al predio de Tecnópolis, un proyecto que
desde lo comunicacional, periodístico, televisivo y profesional
carece de sustento alguno, y que implicaría un costo descomunal para
el Estado Nacional, cuando nuestro país tiene necesidades mucho más
urgentes y acuciantes que construir un “polo cultural” en el
Barrio Parque de la Ciudad de Buenos Aires.
La
defensa de la pantalla pública históricamente ha sido nuestra
principal preocupación. Durante distintas gestiones, desde el
menemismo al kirchnerismo, pasando por el gobierno de la Alianza,
denunciamos irregularidades e intentos de censura, defendimos el
carácter plural y democrático de la Televisión Pública, pusimos
el cuerpo e hipotecamos nuestras propias casas y sueldos para que no
se privatice en los años `90 y fuimos críticos de todas las
administraciones, incluyendo al anterior gobierno, que pretendieron
utilizar el Noticiero de la pantalla del Estado para fines
partidarios, como puede observarse en cada uno de nuestros
comunicados e intervenciones públicas.
Desde
la coherencia y una conducta histórica es que en esta oportunidad
advertimos a la opinión pública de esta torpe operación mediática
que no ataca solo a los trabajadores de la TV Pública y al Sistema
Nacional de Medios Públicos, sino al conjunto de la sociedad y su
derecho inalienable a una información plural y democrática. Este
derecho también es cultura. Y no tiene precio.
COMISION
INTERNA
Y
TRABAJADORES DEL NOTICIERO
DE
LA TELEVISIÓN PÚBLICA
