NUEVA ETAPA DEL VACIAMIENTO: REDACCIÓN PARALELA Y APAGÓN INFORMATIVO

NUEVA ETAPA DEL VACIAMIENTO:

UNA REDACCIÓN PARALELA Y PRECARIZADA, PARA PROFUNDIZAR EL APAGÓN INFORMATIVO EN LA TV PÚBLICA

La gestión que encabeza el ministro Hernán Lombardi, quien continúa con la demonización de los trabajadores de la TV Pública y de sus sindicatos en medios afines como Radio Mitre, avanza en su política de vaciamiento, generando nuevas situaciones de conflicto. Esta semana, en un hecho grave y sin precedentes, la Coordinadora de Redes de RTA, Nerina Sturgeon, -quien, como todos los funcionarios que revistan en RTA, en contradicción con la meritocracia que pregona el gobierno de la boca para afuera, no concursó su cargo-, publicó en la web de noticias simulando ser una periodista de la TV Pública, una nota sobre la ratificación de la condena judicial al ex presidente de Brasil, Lula Da Silva. La gravedad de este hecho, que implica pasar por arriba a los periodistas del canal utilizando como pretexto la falta de operatividad en un sector deliberadamente disminuido por la empresa como parte de las políticas de ajuste que desconocen por completo la lógica informativa y televisiva, tiene un solo objetivo: suplantar a los periodistas profesionales de la TV Pública, censurando su trabajo, para poder manipular sin restricciones la información y los hechos, de acuerdo a las conveniencias políticas del gobierno.

Este no es un caso aislado sino parte de una política general de la gestión, en su evidente objetivo de reducir el Área de Noticias a su mínima expresión, y crear reparticiones de trabajadores flexibilizados y fuera de convenio, con el pretexto de las nuevas tecnologías y el uso de redes sociales. Este proceso se lleva adelante con la incorporación de Mariano Vico, quien ostenta en su curriculum haber sido coordinador del proyecto de redacción integrada de Canal 13 y TN con el que se violentó el Estatuto del Periodista Profesional y el convenio colectivo de trabajo, precarizando a los periodistas de esos medios.

En la misma línea, un funcionario de Relaciones Institucionales de RTA, Pedro Aparicio, muestra en su cuenta de twitter los “logros” de esta gestión: ocho programas periodísticos de los cuales únicamente dos se hacen en el canal: TPA Noticias y TPA Noticias Internacional. El mencionado funcionario es tan mentiroso que incluso pretende presentar como propios programas tercerizados, viejos y producidos íntegramente con periodistas precarizados, fuera de convenio, e incluso, en el colmo del cinismo, hechos por compañeros hoy cesanteados, como es el caso del programa Panorama Federal, que se producía en TDA, cuyos trabajadores se vieron obligados a tomar pacíficamente el CCK para defender su fuente de trabajo, y hoy ya no forman parte del Sistema de Medios porque fueron despedidos.

Este es el perfil “democrático” de la gestión que encabeza Hernán Lombardi, y que funcionarios menores como Néstor Sclauzero, Nerina Sturgeon, Mariano Vico o Pedro Aparicio, colaboran para profundizar, con el entusiasmo de los que no tienen principios ni respeto por las leyes vigentes en nuestro país. Los trabajadores de la TV Pública nunca nos negamos a discutir las nuevas tecnologías, capacitarnos y readecuar determinadas cuestiones de nuestra actividad. Tomamos la iniciativa numerosas veces para dialogar con la empresa sobre estos asuntos e impulsar la capacitación del sector, pero la gestión de Lombardi ignoró deliberadamente esos intentos, con la secreta intención de excluir a los periodistas de la TVP y llevar adelante proyectos flexibilizados y fuera de la la ley, ejecutados por paraperiodistas, sin control ni calidad profesional.

En el mismo sentido y como parte central de la política de vaciamiento informativo, el gerente de noticias y presidente de FOPEA, Néstor Sclauzero, mientras la organización que preside “advierte” sobre los despidos en los medios públicos, ejecuta al mismo tiempo las políticas de reducción de la oferta informativa del canal, y promueve un “periodismo de redacción”, como si se pudiese informar sin estar en el lugar de los hechos. Así, la TV Pública, por primera vez en décadas, no estuvo presente en acontecimientos de indiscutible relevancia periodística como la visita del Papa Francisco a Chile y Perú, o en eventos históricos de la agenda nacional, como el tradicional homenaje a nuestro colega José Luis Cabezas, asesinado en Pinamar, sobre el que Lombardi, en una muestra más de hipocresía y doble discurso, tuiteó compungido, resaltando la importancia de la efeméride, como si no hubiera sido él quien dio la orden de que no se cubra.

La Televisión Pública, como es sabido, no tiene ya noticieros los fines de semana, y ni siquiera se establecen guardias mínimas para cubrir cualquier eventualidad. Este “periodismo de escritorio” invisibiliza así en la pantalla del único canal estatal de aire y para vastos sectores de la población, los conflictos de Río Turbio y Azul, en los que cientos de familias pelean por defender sus fuente de trabajo, o las inundaciones que azotan la provincia de Chaco, demostrando que a la gestión de Hernán Lombardi y al gobierno nacional no sólo no les interesa que se cubran estos hechos, sino que además pretenden ocultarlos.

Pero a pesar de estas decisiones que buscan reducir a un mínimo la oferta de noticias del canal, y sobre todo, esconder bajo la alfombra todos aquellos hechos que incomodan al gobierno, la lucha de los trabajadores de la Televisión Pública cuenta cada vez con mayor apoyo de diversos sectores de la sociedad, como esta semana lo demostró el abrazo de mas de mil personas al histórico edificio de Canal 7, encabezado por las Madres de Plaza de Mayo, y que contó con la presencia de todos los sindicatos del canal y de numerosos referentes de la cultura y el arte. Si las autoridades continúan con su decisión de censurarnos y reducir a un mínimo nuestra tarea de informar, esa lucha solo se incrementará. Porque para nosotros, la pluralidad y la democracia informativa no son solo palabras, ni la información es una mercancía, sino un derecho. Y fuera de la burbuja en la que viven los funcionarios, son miles los que piensan lo mismo y están dispuestos a defender con todas sus fuerzas los únicos medios que son de todos.

TV PÚBLICA: LA AUSTERIDAD DE LOMBARDI ES SOLO PARA LOS TRABAJADORES

Por primera vez en décadas, este fin de semana no hubo noticias el sábado ni el domingo en la Televisión Pública. Se trata de un nuevo capítulo del vaciamiento de los medios públicos que lleva adelante la gestión de Hernán Lombardi. No conforme con ello, el ministro dispuso que la Televisión Pública sea el único canal nacional que no esté presente en Chile para cubrir la histórica visita del papa Francisco. 

Por lo pronto, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos continuó su recorrido por medios amigos para repetir las mismas y muy estudiadas mentiras con las que busca responsabilizar a los trabajadores del desastre de su gestión, orientada a vaciarla de contenidos y recursos humanos, mientras nos habla alegremente de la BBC y otras televisiones estatales, alcanzando nuevos niveles de cinismo y chapucería política. “Estamos orgullosos de nuestros noticieros”, dijo en diálogo con Eduardo Van der Kooy por TN, sin mencionar que ordenó levantar todos los noticieros de los fines de semana, y que las horas aire del servicio de noticias pasaron en el último mes de 30 a 19. Habló de “diálogo”, pero a los gremios de la TV Pública sólo se los convocó anunciar que no habrá aumentos salariales en 2018 y que “ofrece” una “paritaria cero”. Lombardi quiere tomarnos por tontos al hablar de aumentos: no pedimos aumentos, se trata de recomposiciones salariales frente a una inflación que fue del 24,8% en 2017, motivo por el cual otras empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas, acordaron un incremento del 17%, equivalente a un 20% de bolsillo, más una cláusula gatillo.

Pero como el ministro insiste en cada aparición pública en hablar de plata, para demonizar a los trabajadores de la TV Pública y sus salarios, nosotros también queremos hablar de números y de fondos. Por ejemplo, Lombardi repitió, en el diálogo con Van der Kooy, su engaño deliberado a la opinión pública, al afirmar que es imprescindible ingresar a una “época de austeridad”, porque la Televisión Pública se sostiene con fondos del Presupuesto Nacional, ocultando que según la ley 26.522, al menos el 70 por ciento del presupuesto del canal proviene de un gravamen a las empresas de comunicación audiovisual (privadas), fondos que van a parar a una cuenta del Banco Nación, que pone (o debería poner) automáticamente el 20 % de ese dinero a disposición de la TV Pública, y que en 2017 lo recaudado fueron aproximadamente 5 mil millones de pesos. Lombardi se niega también a informar a los ciudadanos en qué utilizó esa importante recaudación, que alcanzaría para mantener tres presupuestos como los de RTA, a lo que hay que sumar lo que la Televisión Pública percibe en concepto de publicidad.

Tampoco explicó cómo encaja en su concepto de austeridad el cargo que le asignó en la TV Pública, sin el concurso que marca la ley, a María Carla Piccolomini, la mujer de su compañero de gabinete, el ministro de Modernización Andrés Ibarra, con un sueldo bruto superior a los 190 mil pesos mensuales, que cobró hasta hace un mes, y durante dos años.

Lombardi y la Jefatura de Gabinete también celebraron en estos días que los integrantes del directorio de RTA pasarán a trabajar ad honorem, a partir del decreto 10152/2017. Pero se trata apenas de "jueguito para la tribuna":  todos esos directivos percibieron su sueldo de diciembre, y lo que es más significativo, aun continúan de “alta” en el sistema a través del cual cobran. Algunos incluso quizás no dejen de hacerlo. Uno de los integrantes de ese directorio, el vicepresidente de RTA, Emilio Laferriere, muy preocupado vía Twitter en presentar los sueldos en blanco y negociados por convenio de los trabajadores como el problema que agobiaría al canal, se olvidó de contarle a la opinión pública que durante los dos últimos años cobró, con el aval de Lombardi, un muy austero sueldo de 170 mil pesos por mes, como cada uno de sus cinco compañeros de directorio. 

Como Lombardi se niega a responder estas y otras preguntas que los trabajadores de la TV Pública hicimos en nuestros anteriores comunicados públicos, queremos informar que el plan de austeridad del ministro incluye un jugoso contrato con la consultora multinacional Mercer Argentina para motorizar un plan de despidos encubiertos disfrazados de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, pagándole a esa empresa sólo por el análisis de 60 casos de jubilaciones $ 1.400.000, más el monto que cobrará por las "consultas" vinculadas a la Agencia Télam.

Funcionarios que se asignan fortunas como remuneración, disponen de contratos millonarios sin control y se niegan a rendir cuentas de los números de su gestión y de sus decisiones de liquidar los medios públicos, pretenden hacerle creer a la ciudadanía que el problema son los trabajadores y sus salarios, al mismo tiempo que carecen de plan y proyecto profesional para la Televisión Pública, y quieren forzar su desaparición de facto, dejándola agonizar, sin contenidos, recursos presupuestarios ni humanos. No se lo permitiremos.

TV PÚBLICA: LOS ABUSOS Y PRIVILEGIOS DEL MINISTRO LOMBARDI

El Ministro Hernán Lombardi se lanzó en el día de ayer a un intenso raid mediático de mentiras para encubrir, con un falso e impostado discurso "democrático", el vaciamiento deliberado de la Televisión Pública, que busca desactivarla para liquidar el servicio que presta a los argentinos, o eventualmente implementar una privatización encubierta entregando su control a alguna productora amiga, de lo cual hay ya algunos indicios.

En el día de ayer, Lombardi se convirtió en un atleta del micrófono, realizando notas en los programas radiales de Pablo Vilouta (La Red) y Reynaldo Sietecase (Radio Con Vos), a quienes solicitamos derecho a réplica y en La Nación + con su escriba favorito, Pablo Sirvén, quien en la tapa de ese diario publicó las falsedades del pasado domingo 7 de enero, sin consultar nuestra versión, más allá de citar -apenas y mal- un comunicado.

“Creemos en lo público”, contó el ministro, pero hay “privilegios que nadie puede aguantar”. Lombardi sabe que los privilegiados no somos los trabajadores, que tenemos salarios de convenio negociados con su gestión en la última paritaria hace quince meses, sino los funcionarios que se autofijaron determinados sueldos para cargos para los que no concursaron. Es el caso de Carla Piccolomini, la esposa del ministro de Modernización Andrés Ibarra, que cobró 196 mil pesos durante casi dos años en el canal. Solo promediando con esos montos es posible alcanzar las cifras que difunde el ministro.

Hernán Lombardi miente cuando dice que la financiación de la TV Pública sale en su totalidad del presupuesto nacional, cuando al menos el 70 por ciento proviene de un gravamen a empresas audiovisuales privadas establecido por la ley 26.522, sobre la comercialización de los productos y la publicidad propia, a lo que hay que sumarle lo que el canal recauda en concepto de publicidad. Lo que Lombardi presenta como privilegios, como el uso de los automóviles por parte de los camarógrafos, es la práctica usual y convencional en absolutamente todos los noticieros de los canales de televisión, simplemente porque es mucho más económico y práctico para los medios hacerlo de esa manera que tener una flota de autos con chofer, o contratar taxis. Lombardi miente además cuando dice que la planta de la TV pública se incrementó en un 70 por ciento entre 2002 y 2015. Una mayoría de esos trabajadores ya cumplía funciones en el canal, pero de manera tercerizada y sin estar registrados, y fueron sucesivamente incorporados y legalizados. En el caso del noticiero, por ejemplo, la planta disminuyó en relación al aumento de horas de aire -que pasó de 19 a 30 horas semanales, y que con las actuales decisiones vuelve a tener menos de veinte horas aire-, la creación de nuevas plataformas como la web o nuevas funciones como la digitalización del archivo histórico.

Por último, miente también Lombardi y la gestión del canal cuando afirma que con estas políticas persigue una TV Pública moderna y de calidad. Fuimos en cambio los trabajadores quienes planteamos en reiteradas oportunidades durante estos dos años la necesidad de incorporar e implementar nuevas tecnologías, renovar el equipamiento técnico que en algunos casos es obsoleto y avanzar en programas de capacitación profesional, sin tener ningún tipo de respuesta positiva por parte de las autoridades.

Aunque ni Vilouta ni el servicial Sirvén se lo preguntaron, Lombardi debería contarle a la opinión pública, en alguno de sus numerosos y frecuentes contactos con los medios: a) en qué invirtió su ministerio los 5000 millones de pesos recaudados en 2017 por la ley 26522, de los cuales solo el 20% fue destinado a la Televisión Pública; b) Cuánto costó exactamente el contrato con la multinacional Mercer América Latina durante un año para suministrarle los datos falseados y ad hoc que repite en cada entrevista, y que se resumen en echarle a los salarios de los trabajadores del canal la culpa de todos los problemas de gestión y política que tiene la Televisión Pública, y c) Cuál es la programación y las políticas comunicacionales que su ministerio diseñó para la Televisión Pública para 2018. Porque de eso, Lombardi, dentro de su verborrea, prefiere no hablar.

La actual política de vaciamiento y ajuste privará a la sociedad de espacios importantes de información pública, como los noticieros de fin de semana, carencia que consideramos una forma de censura encubierta.

No hay ningún tipo de programación ni propuesta profesional para el 2018, solo latas y tercerización. En la actualidad, solo los noticieros y Cocineros Argentinos se realizan en el canal. La gestión pretende una Televisión Pública vacía, sin noticias y sin producción propia. Su política de ajuste llega al ridículo de recortar todas las horas extras que, en una planta que disminuyó, hecho crítico que se agrava en el período de vacaciones, pone en riesgo la propia pantalla ya que no contamos con la dotación mínima para garantizar la operatividad diaria. Según lo admitió públicamente en su charla de café con Sirvén, (apenas) “el 15% de la masa salarial de la Televisión Pública corresponde a horas extras”. Su provocación llegó a tal nivel que trataron que los informativos no se emitan para culpar a los trabajadores. No se lo permitiremos: si esta semana los noticieros están al aire es por exclusiva voluntad de sus trabajadores a contramano de las indicaciones de la gestión. Para coronar esta provocación, los días lunes y martes amanecimos con carros de asaltos y patrulleros de la fuerza de seguridad en las instalaciones del canal público. La policía como solución a todo, una fórmula repetida por estos días, aunque Lombardi no se haga cargo.

Por todo esto, estamos en estado de asamblea permanente y movilización, exigiendo una solución urgente y alertando al conjunto de la sociedad del brutal ataque a los medios públicos en general y a la TV Pública en particular, del gobierno y la gestión encabezada por el ministro Hernán Lombardi y el presidente de RTA, Miguel Pereira.

No vamos a permitir que reduzcan el canal público a su mínima expresión ni que lo privaticen de manera encubierta. No vamos a permitir que avasallen nuestros derechos profesionales y laborales. La información no es una mercancía ni un espectáculo, es un derecho. 

Lock out patronal, Extorsión y Policía en la TV Pública

EL MINISTERIO POLICIAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PUBLICOS

QUIERE LIQUIDAR LA TV PÚBLICA

Con un cinismo pocas veces visto, y mientras proclama entre sonrisas diálogo, pluralismo y amplitud de voces, el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos lanza sin previo aviso una guerra contra los periodistas y los trabajadores del único canal de gestión pública del país. Esto se lleva adelante de la mano de despidos en Radio Nacional, TDA, señales Paka Paka, Encuentro, DeporTV y el Canal de la Ciudad. 
La estrategia a cargo de Hernán Lombardi busca presentar a los trabajadores y sus salarios como el problema, al mismo tiempo que vacía sin pudor al canal de sus contenidos, a tal punto que, tras la renuncia del Director Ejecutivo de la Televisión Pública, Horacio Levin, en diciembre de 2017, no hay aún ninguna programación conocida, prevista o en marcha para 2018. Una curiosa forma de gestionar los contenidos de los medios públicos cuando deja a la TV Pública a la deriva, reduce horarios de trabajo que empobrecerán inevitablemente los noticieros, y anuncia la paralización total de Canal 7 durante los fines de semana, con la excusa del “ahorro.” El ahorro y la racionalización que tanto desvelan al Ministerio de Modernización conducido por Andrés Ibarra cuando se trata de salarios de los trabajadores, pero que no cuenta cuando se trata de colocar a su mujer, Carla Piccolomino, en el área de Relaciones Institucionales de Canal 7, con un sueldo superior a los 190 mil pesos mensual. Es una actitud coherente con funcionarios para los cuales la república y lo público solo sirven como insumos retóricos para exhibir mientras desfilan por programas de televisión amigables, pero no para su aplicación práctica en las áreas a su cargo, que llenan alegremente de militantes, parientes y amigos, como es de conocimiento público.

No es la primera vez que vemos el despliegue de este doble discurso, mientras se preparan las condiciones para destruir a los medios públicos. Las técnicas para lograrlo también son muy conocidas: primero, vaciarlos de contenidos, renunciando a la misión de formar, informar y entretener, que para muchos argentinos, es la única a su alcance. Luego, demonizar a los trabajadores y presentarlos como el “problema” a solucionar, enfrentándolos con el resto de la sociedad mediante fabricaciones y postverdades, haciéndoles creer que hay sobredimensionamiento, ausentismo descontrolado, “privilegios”, y generando las condiciones para desensibilizar a la opinión pública en la aplicación de un ajuste irracional y sin justificación administrativa ni operativa, al mismo tiempo que presentan a los medios del Estado como excedentarios y prescindibles. Pero la verdad es que no se trata de un “problema gremial” sino de sus políticas; no son los trabajadores el problema, sino que ministros, secretarios y directores, con sus legiones de asesores, no tienen ningún plan ni proyecto para los medios estatales. Parece estar muy lejos de los responsables de estos liquidadores de lo público la idea de que, en todo el mundo, las democracias modernas, como es el caso de Alemania, Francia, España y el Reino Unido mantienen medios públicos sólidos y creíbles, con presupuestos acordes a sus respectivas misiones, entre ellas la de garantizar el acceso a información plural y democrática, como un derecho ciudadano. Los salarios que el Sistema de Medios se apresura a difundir con tácticas de delación en las serviciales bocas de expendio que les suministran su periodismo de guerra, fueron acordados con esta misma gestión, que ya lleva más de dos años y están en blanco, los horarios que buscan presentar como abusivos están establecidos en una ley del Congreso Nacional, el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), y el supuesto incremento del 70% en el personal es una absoluta falsedad en lo que respecta al área de Noticias del canal. También mienten cuando pretenden instalar que el presupuesto del canal y los salarios de sus trabajadores salen de impuestos directos a los ciudadanos. Por ley, RTA se financia mediante un gravamen establecido en la ley 26522 que pagan las empresas de comunicación audiovisual, proporcional al monto de la facturación bruta de sus servicios. Gravamen por el cual en todo 2017 se recaudaron más de 5 mil millones de pesos. En todo caso, tanto los trabajadores como el resto de la ciudadanía, tenemos derecho a saber del Sr. Lombardi y los funcionarios a su cargo, en qué invirtió esa enorme suma de dinero. Evidentemente, no fue en la Televisión Pública.  

El diálogo que declama Lombardi es muy democrático: ninguna interlocución, patrulleros y un carro de asalto de la Policía Federal en la puerta del canal para disciplinar a los “peligrosos” periodistas, a quienes se empuja a un conflicto que no buscamos ni pretendemos.

Pero no todo es postverdad o redes sociales, y las caretas se caen cada vez más rápido. La información es un derecho, no una mercancía, y los medios públicos son la única garantía de que la ciudadanía pueda acceder a ella. 

Extorsión en la TV Pública para un ajuste en el único canal estatal

Los trabajadores y trabajadoras de prensa de la TV Pública expresamos nuestro total y absoluto rechazo a la extorsión y provocación de parte de la empresa y las autoridades del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. 

En el día de la fecha, la Gerencia de Recursos Humanos emitió un comunicado en donde pide a los sindicatos “actuar con responsabilidad y realismo”, e insta al “diálogo” para “lograr una TV Pública de calidad, moderna y transparente”. Al mismo tiempo, en lo que apareció inicialmente como un error en la página web de la TV Pública pero luego se evidenció como parte de una política deliberada al aparecer en el sitio de Jefatura de Gabinete, las autoridades revelaron un texto provocador en donde se incluyen el promedio de sueldos brutos, un supuesto nivel de ausentismo, “privilegios” y falsos niveles de aumento de planta del canal en los últimos quince años. Esto no solo constituye una provocación y un agravio para los trabajadores de la TV Pública que desde hace años defendemos su carácter plural y democrático frente a todas las gestiones y en distintos contextos sino que es parte de una campaña de demonización de los trabajadores para legitimar un vaciamiento y un ajuste en los medios públicos que ya se inició con despidos en Radio Nacional, TDA, Encuentro, Paka Paka y Depor TV.

                Paradójicamente, la gestión plantea como objetivo una “televisión pública argentina sustentable, moderna y transparente”, pero cuando los trabajadores planteamos en estos dos años, en reiteradas oportunidades realizar cursos de capacitación, avanzar en la discusión e implementación de nuevas tecnologías o la necesidad de renovar el equipamiento del canal, no recibimos ningún tipo de respuesta conducente de parte de esta gestión. Está claro que esta declaración oficial, sumada al destrato que los trabajadores de la TV Pública sufrimos en el último tiempo de parte de las autoridades, forma parte de una presión y extorsión para que encaremos el año con temor y aceptemos dócilmente, de manera forzada, un ahogo presupuestario y un congelamiento salarial que no permitiremos. 

               Por estos motivos convocamos a una Asamblea a realizarse el martes 9 de enero a las 14 en la redacción del noticiero en donde analizaremos las acciones a adoptar en defensa del carácter público del único canal estatal de aire y su deber: la cobertura de todos los conflictos sociales y todas las voces de nuestra sociedad. Eso sólo puede garantizarse fortaleciendo y no atacando los medios públicos.  

COMISIÓN INTERNA TV PÚBLICA